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El 18 de marzo de 1938, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, decretó la expropiación de las empresas estadunidenses y angloholandesas que explotaban y comercializaban el petróleo mexicano. Esta medida ratificó la soberanía de México sobre el petróleo, como lo establecía el artículo 27 constitucional, y significó una nueva etapa para el desarrollo económico del país.
El presidente Cárdenas decretó la expropiación ante la negativa de las empresas de acatar las leyes mexicanas, pues habían rechazado el laudo emitido por la Suprema Corte de Justicia, en el que se estableció que debían ofrecer mejores condiciones para los trabajadores mexicanos, quienes habían convocado a una huelga general.
En represalia, las petroleras detuvieron las exploraciones y perforaciones, además de retirar sus fondos bancarios. La respuesta del presidente de la República no se hizo esperar, y el 18 de marzo dio a conocer el decreto de expropiación acompañado de un mensaje que decía: “...pido a la Nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable...”.